Señoras y señores:

En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, les doy la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo del Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que nos invita a renovar nuestro compromiso con la protección de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra una de las manifestaciones más crueles y lucrativas del crimen organizado transnacional.

Cada año esta conmemoración nos recuerda una verdad esencial: ninguna persona puede ser reducida a una mercancía. La trata de personas constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Detrás de cada caso hay una vida marcada por el engaño, la coerción o la violencia; una persona privada de su libertad, de su dignidad y de la posibilidad de decidir su propio futuro.

Combatir este delito es una obligación jurídica de los Estados, derivada del derecho internacional, pero también un imperativo ético que pone a prueba nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la protección de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Hoy, sin embargo, enfrentamos una realidad aún más compleja. Las redes criminales ya no se limitan a explotar a sus víctimas: cada vez con mayor frecuencia las obligan también a participar en actividades ilícitas, convirtiéndolas simultáneamente en víctimas y en instrumentos del crimen organizado. Comprender esta evolución resulta indispensable para construir respuestas más eficaces frente a un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales y desafía nuestras instituciones.

Cada 30 de julio, la comunidad internacional reafirma la necesidad de enfrentar una realidad que continúa transformándose. El más reciente Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma esa urgencia: tras la disminución registrada durante la pandemia, el número de víctimas detectadas volvió a incrementarse y, en 2022, superó en un 25 % los niveles previos a la crisis sanitaria.

Estos datos reflejan la creciente capacidad de adaptación de las organizaciones criminales frente a los cambios sociales, económicos, migratorios y tecnológicos de nuestro tiempo. Allí donde surgen nuevas oportunidades de lucro ilícito, estas estructuras desarrollan nuevos métodos de captación, explotación y control.

Precisamente por ello, el tema escogido para este año —“Trata de Personas y Criminalidad Forzada: Víctimas Atrapadas en la Delincuencia Organizada”— pone de relieve una de las expresiones más preocupantes de esta evolución.

En distintas regiones del mundo, las redes criminales recurren a falsas ofertas de empleo, promesas de mejores oportunidades y plataformas digitales para captar a sus víctimas. Posteriormente las someten a distintas formas de explotación y, en numerosos casos, las obligan a participar en fraudes financieros, estafas en línea, ciberdelitos, lavado de activos y otras actividades ilícitas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Esta modalidad plantea desafíos inéditos para los sistemas de justicia, la seguridad y la gestión migratoria. También exige fortalecer nuestra capacidad para identificar oportunamente a las víctimas y aplicar plenamente el principio de no criminalización, evitando que quienes actuaron bajo amenaza o coerción sean tratados como responsables de delitos que fueron obligados a cometer.

La firmeza del Estado debe dirigirse contra quienes planifican, financian y se benefician de estas redes criminales. Al mismo tiempo, nuestras respuestas deben garantizar la protección integral de las víctimas, reconociendo su condición y asegurando que reciban la asistencia, el acompañamiento y las oportunidades necesarias para reconstruir sus vidas.

Los datos más recientes de la UNODC muestran, además, una transformación significativa en las formas de explotación. La trata con fines de trabajo forzoso representa actualmente el 42 % de los casos detectados a nivel mundial, superando por primera vez a la explotación sexual, que concentra el 36 %. Estas cifras evidencian que las organizaciones criminales diversifican continuamente sus mecanismos de explotación para ampliar sus beneficios ilícitos y fortalecer sus capacidades operativas.

Sin dejar de ser una de las más graves violaciones de los derechos humanos, la trata de personas constituye también una creciente amenaza para la seguridad, el Estado de derecho y la gobernanza democrática. Al fortalecer las capacidades financieras y operativas del crimen organizado transnacional, este delito deja de ser únicamente una tragedia individual para convertirse también en un desafío estratégico para nuestras sociedades.

Enfrentar esta realidad exige una visión integral que combine la protección efectiva de las víctimas con políticas sólidas de prevención, persecución penal y cooperación internacional.

La dimensión transnacional de este delito hace que la cooperación internacional deje de ser una opción para convertirse en una necesidad. Ningún Estado puede enfrentar por sí solo redes criminales que operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones, utilizan tecnologías digitales, movilizan recursos financieros a través de diversos países y aprovechan las brechas existentes entre nuestros sistemas de control y coordinación.

Esta visión encuentra pleno respaldo en el Protocolo de Palermo, que reconoce el carácter transnacional de la trata de personas y sitúa la cooperación entre los Estados como uno de los pilares fundamentales para prevenir este delito, perseguir a sus responsables y garantizar la protección y asistencia a las víctimas.

No es casual que el propio Informe Mundial de la UNODC señale que el 74 % de los tratantes condenados actuaba como parte de redes o grupos de delincuencia organizada, ya se tratara de estructuras jerárquicas o de organizaciones más flexibles con características empresariales. Este dato confirma que la trata de personas no constituye un fenómeno aislado, sino una de las principales fuentes de financiamiento y expansión del crimen organizado transnacional.

Frente a esta realidad, debemos fortalecer la cooperación judicial y policial, la inteligencia financiera, el intercambio oportuno de información, la investigación patrimonial y la preservación de evidencia electrónica. Solo mediante respuestas coordinadas podremos identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes planifican, financian y se benefician de estas estructuras criminales.

República Dominicana reafirma plenamente ese compromiso.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sostenemos que la diplomacia constituye un instrumento estratégico en esta lucha. La primera línea de defensa frente a estas redes comienza, muchas veces, más allá de nuestras propias fronteras. Es mediante la acción diplomática que construimos alianzas, promovemos acuerdos, fortalecemos la cooperación judicial y policial, facilitamos el intercambio de información y contribuimos al desarrollo de capacidades comunes para enfrentar delitos cuya naturaleza trasciende la jurisdicción de cualquier Estado.

Ese compromiso encuentra una expresión concreta en la labor de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que continúa desempeñando un papel esencial en la articulación de las políticas nacionales dirigidas a la prevención, la persecución del delito y la protección integral de las víctimas.

La trata de personas constituye un desafío cuya complejidad exige la actuación coordinada de todo el Estado. Por ello, la labor de la CITIM refleja el valor de una respuesta interinstitucional en la que convergen las capacidades de las instituciones públicas, los organismos internacionales y la sociedad civil para enfrentar un fenómeno que ningún actor puede combatir de manera aislada. Ese mismo compromiso trasciende el ámbito nacional y se proyecta hacia nuestra región.

Nos honra que República Dominicana ejerza la Vicepresidencia de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos para el período 2026-2028, junto con la Presidencia de Honduras. Esta responsabilidad constituye un reconocimiento a la confianza depositada en nuestro país y, al mismo tiempo, una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la cooperación hemisférica frente a este delito.

Asumimos esa responsabilidad con la convicción de que el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la coordinación regional representan herramientas indispensables para anticipar las nuevas modalidades de explotación, proteger mejor a las víctimas y aumentar la eficacia de nuestras acciones contra las redes criminales.

La trata de personas prospera allí donde convergen la vulnerabilidad, la impunidad y la falta de respuestas coordinadas. Retrocede, en cambio, cuando los Estados cooperan, cuando las instituciones actúan con eficacia y cuando las víctimas encuentran la protección y las oportunidades necesarias para reconstruir sus vidas.

Por ello, debemos seguir fortaleciendo la colaboración entre las instituciones públicas, los organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado. La prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas no son responsabilidades aisladas, sino componentes inseparables de una estrategia común que debe mantenerse firme frente a un fenómeno en permanente evolución.

República Dominicana continuará fortaleciendo sus capacidades institucionales para enfrentar todas las manifestaciones de la trata de personas, en particular aquellas vinculadas con la criminalidad forzada, el crimen organizado transnacional, el fraude financiero y el ciberdelito. Seguiremos promoviendo políticas públicas, consolidando mecanismos de cooperación internacional y desarrollando acciones orientadas a prevenir nuevas formas de explotación, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Pero, por encima de todo, debemos recordar que detrás de cada estadística existe un rostro humano. Cada víctima representa una historia interrumpida, una libertad arrebatada y una dignidad vulnerada. Nuestra responsabilidad consiste precisamente en devolver esperanza allí donde otros sembraron miedo y explotación.

Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. Cada red criminal desmantelada fortalece el Estado de derecho. Y cada esfuerzo de cooperación entre nuestros países nos acerca a una región más segura, más justa y más humana. Que ese sea el propósito que nos inspire hoy y que continúe guiando nuestras acciones más allá de esta conmemoración.

Con ese espíritu, dejo formalmente inauguradas las actividades conmemorativas del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026.

Mañana continuaremos este esfuerzo con la celebración del III Seminario de Capacitación “Trata de Personas y Criminalidad Forzada: Víctimas Atrapadas en la Delincuencia Organizada”, que contará con el valioso apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La participación de ambos organismos refleja la importancia de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los Estados frente a las nuevas modalidades de la trata de personas y reafirma que este desafío solo puede enfrentarse mediante una acción colectiva, sostenida y solidaria.

Muchas gracias.