Señoras y señores:

La democracia no es un patrimonio que se hereda, sino una práctica que se sostiene. No se posee de una vez y para siempre; se ejerce, se cuida y, cuando hace falta, se renueva. Por eso, recibir hoy el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entraña la doble responsabilidad que su propio título sugiere: la de leerlo con rigor y la de responderle con hechos.

Su título: Democracias bajo presiones, a la vez, un diagnóstico y una advertencia. Y conviene no leerlo con la comodidad de quien observa desde afuera, porque ninguna democracia de la región, tampoco la nuestra, está exenta de esas presiones.

Pero también conviene leerlo como parte de una conversación más amplia, sostenida durante décadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el presente y el futuro de la democracia en nuestra región.

Este informe llega precedido por una tradición de reflexión que ha contribuido de manera significativa al pensamiento democrático latinoamericano. Se inscribe en una secuencia de trabajos que, desde distintas perspectivas y momentos históricos, han buscado comprender los desafíos de nuestras democracias y ofrecer herramientas para su fortalecimiento.

Hace más de dos décadas, el PNUD publicó La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004), una obra de referencia cuyos principales autores fueron Dante Caputo y Guillermo O’Donnell. Aquel informe nos invitó a mirar más allá de las elecciones y a preguntarnos si nuestras democracias estaban formando ciudadanos plenos, capaces de ejercer efectivamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la vida pública. Nos recordó que la democracia no se agota en el acto de votar, sino que encuentra su verdadera medida en la calidad de la ciudadanía.

Años después, Nuestra Democracia (2010), elaborado conjuntamente por el PNUD y la OEA bajo el liderazgo de Dante Caputo, planteó una pregunta igualmente decisiva: cómo gobernar democráticamente sociedades cada vez más complejas, exigentes y diversas. El informe subrayó la necesidad de fortalecer la representación política, la rendición de cuentas y la capacidad efectiva de los Estados para responder a las demandas de sus ciudadanos.

El informe que hoy recibimos dialoga con esa misma tradición intelectual. Si el de 2004 nos llamó a construir ciudadanía, y el de 2010 a fortalecer la capacidad democrática del Estado, Democracias bajo presión, liderado por Rebeca Grynspan, quien presidió el grupo de alto nivel que acompañó su elaboración, nos invita a reflexionar sobre la resiliencia de nuestras instituciones frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales: la polarización, la desinformación, el crimen organizado transnacional, las presiones migratorias, el impacto de las nuevas tecnologías y la crisis ambiental.

Leído desde esa perspectiva, este nuevo informe no constituye una ruptura, sino la continuación de una conversación indispensable sobre cómo preservar, fortalecer y renovar la democracia en América Latina y el Caribe. Las preguntas cambian con el tiempo, pero la tarea sigue siendo la misma: construir democracias capaces de ampliar la libertad, generar oportunidades y sostener la dignidad de nuestros ciudadanos.

El informe parte de una convicción que comparto plenamente, y que la señora Muschett resume con precisión en su prólogo: fortalecer la resiliencia de nuestras sociedades exige un enfoque integral, atento a las interrelaciones entre tres dimensiones que con demasiada frecuencia tratamos por separado. La democracia, como régimen político y como espacio donde las sociedades deliberan, canalizan sus conflictos y deciden sobre su futuro. El desarrollo humano, como el proceso de ampliación del bienestar, las capacidades y la agencia de las personas. Y el Estado, como la capacidad institucional para materializar ambos y articularlos entre sí.

Ese triángulo —democracia, desarrollo humano y Estado— constituye uno de los principales aportes conceptuales del informe y, también, una de sus advertencias más importantes. Cuando las tres dimensiones se refuerzan mutuamente, generan un círculo virtuoso de progreso, prosperidad e inclusión. Cuando se separan, las tensiones se acumulan: la democracia que no produce resultados pierde legitimidad, mientras que la desigualdad erosiona las instituciones llamadas a contenerla. Buena parte de la experiencia reciente de nuestra región se explica precisamente en esa tensión.

Permítanme detenerme en el diagnóstico, porque para la diplomacia dominicana la gobernanza democrática y los derechos humanos no constituyen un tema más: son un eje fundamental de nuestra política exterior.

América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más democrática del mundo. Es un logro histórico, fruto de las transiciones democráticas de los años ochenta y noventa y, en el

Caribe, de los procesos de descolonización que consolidaron nuevos espacios de ciudadanía y representación. Nunca tantos ciudadanos de nuestra región —hoy más de cuatro de cada cinco— habían vivido bajo gobiernos electos.

No deja de ser una paradoja histórica. Somos una región que logró consolidar, en pocas décadas, una amplia legitimidad electoral y una notable estabilidad constitucional, pero que todavía enfrenta profundas desigualdades sociales y persistentes déficits de capacidad estatal. Esa coexistencia de avances políticos con frustraciones económicas ayuda a explicar buena parte de las tensiones que hoy observamos.

Y, sin embargo, esos avances no se han traducido plenamente en satisfacción ciudadana. Menos de la mitad de la población se declara satisfecha con el funcionamiento de la democracia, y más del setenta por ciento percibe que los gobiernos responden principalmente a intereses particulares.

El informe ofrece aquí una distinción que encuentro especialmente útil. Existen problemas de la democracia cuando se erosionan las instituciones y las reglas del juego. Y existen problemas para la democracia cuando se ensancha la brecha entre las expectativas ciudadanas y los resultados que reciben en bienestar, oportunidades y seguridad. Nuestra región enfrenta ambos desafíos simultáneamente, y de su convergencia nace buena parte del desencanto que hoy observamos.

A esos déficits estructurales se suman presiones emergentes que el informe describe con lucidez: una polarización política que ya supera el promedio mundial y que transforma al adversario en enemigo; una esfera pública reconfigurada por los algoritmos, la desinformación y la inteligencia artificial; un crimen organizado que ha dejado de ser un problema sectorial de seguridad para desafiar la autoridad del Estado y distorsionar la representación democrática; una movilidad humana convertida con frecuencia en combustible de divisiones identitarias; y la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En el fondo, muchas de estas presiones convergen en un mismo fenómeno: la erosión de la confianza. La confianza entre ciudadanos. La confianza en las instituciones. Y la confianza en la capacidad de la democracia para ofrecer resultados concretos. Ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente si esa confianza se desvanece.

El principal riesgo, nos advierte el informe, no es el colapso abrupto de la democracia, sino la progresiva eliminación de su contenido real: sistemas que conservan la forma electoral, pero pierden la capacidad de procesar pacíficamente los conflictos y de generar consensos que permitan mejorar la vida de la gente.

Es precisamente en este punto donde quisiera compartir una reflexión. Si algo sugiere la experiencia reciente de República Dominicana, es que resulta posible avanzar en la consolidación democrática aun en un contexto regional complejo.

La estabilidad no es inmovilidad, y la madurez no es complacencia. Son el resultado de una trayectoria construida con paciencia institucional: la alternancia pacífica en el poder, el respeto al calendario electoral aun en circunstancias difíciles —como ocurrió en 2020—, la independencia creciente de los órganos de control y la subordinación de la fuerza a la ley. Esa madurez democrática no es un adorno institucional; es una infraestructura sobre la que se construyen el crecimiento económico, la cohesión social y la confianza ciudadana.

Los datos ayudan a ilustrarlo. El Democracy Report 2026 del Instituto V-Dem identifica a República Dominicana entre los apenas dieciocho países democratizadores del mundo y, dentro de ese reducido grupo, entre los pocos que continúan profundizando una democracia ya existente. Ello ocurre en un contexto internacional en el que el promedio global de democracia ha retrocedido a niveles no observados desde finales de la década de 1970.

De igual forma, el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project registró a República Dominicana como el país con la mayor mejora del mundo durante el período evaluado, con un ascenso de once posiciones en un solo año. Lo subrayo porque el Estado de derecho constituye precisamente una de las dimensiones que el informe del PNUD identifica como más vulnerables en nuestra región.

Detrás de esas cifras existen decisiones concretas. La Junta Central Electoral ha fortalecido la regulación de las campañas y avanza en la modernización del documento nacional de identidad. El Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, fortaleciendo la arquitectura institucional de la justicia electoral. El Tribunal Constitucional continúa consolidando una importante jurisprudencia en defensa de los derechos fundamentales. Y la reforma policial prosigue su proceso de transformación. Son avances que contribuyen al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución.

En ese mismo espíritu, me complace anunciar el compromiso del Gobierno de lanzar próximamente una mesa de seguimiento a la calidad de la democracia, como parte de sus políticas priorizadas. Este espacio estará concebido para reunir a actores del sector público, la sociedad civil, la academia y el sector privado, con el propósito de monitorear de manera sistemática los avances y desafíos en materia de gobernanza, participación ciudadana y Estado de derecho. Será, en definitiva, la traducción institucional de una convicción: que no basta con proclamar la democracia; es necesario evaluarla, medirla, fortalecerla, profundizar aquello que hacemos bien y corregir, con humildad democrática, aquello que debemos mejorar.

Pero quizás uno de los cambios institucionales más significativos de los últimos años ha sido la consolidación progresiva de una cultura de independencia en la administración de justicia. Una democracia madura no se define por la ausencia de investigaciones o procesos judiciales que involucren a actores políticos; se define por la capacidad de sus instituciones para conducirlos con autonomía, apego al debido proceso y sin interferencias del poder político. La credibilidad del Estado de derecho descansa precisamente en esa separación entre quienes gobiernan y quienes administran justicia.

Todo ello ocurre bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuya gestión ha impulsado una agenda de fortalecimiento institucional, transparencia, lucha contra la corrupción y respeto efectivo a la autonomía de los órganos constitucionales y de las instituciones responsables de garantizar la vigencia del Estado de derecho. Esa visión ha contribuido a consolidar una cultura democrática basada en la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley y la primacía de las instituciones sobre las personas.

Es un liderazgo que comprende una verdad esencial: que la mejor defensa de la democracia consiste en mejorar la vida de la gente. Y esa es, precisamente, una de las tesis centrales de este informe.

Porque la legitimidad internacional de una democracia comienza siempre en casa. La autoridad moral con la que un país promueve los valores democráticos en el exterior depende, en última instancia, de la fortaleza con que los practique dentro de sus propias instituciones.

No podríamos defender la democracia y los derechos humanos más allá de nuestras fronteras, ni promover soluciones multilaterales a crisis complejas como las que observamos en Haití, si no cultiváramos esos mismos principios en nuestra propia vida nacional.

Decir esto no significa declararnos satisfechos. El propio informe nos recuerda, con igual claridad, las tareas pendientes. Vivimos en una región donde la mayoría de la ciudadanía apoya políticas redistributivas, pero donde los sistemas fiscales todavía no reflejan plenamente esas aspiraciones; donde la identificación partidaria se debilita mientras crecen los liderazgos personalistas; donde el crimen organizado continúa erosionando la confianza pública; y donde la percepción de integridad institucional sigue estando por debajo de los niveles que nuestras sociedades demandan. La democracia vale no solo porque permite elegir gobiernos.

Vale porque reconoce la dignidad inherente de cada persona y

procura convertir esa dignidad en derechos efectivos, participación ciudadana y oportunidades reales de desarrollo humano.

Reimaginar la democracia dominicana no significa, entonces, renunciar a lo construido. Significa protegerlo profundizándolo. Profundizar la representación política y reconstruir sus vínculos con la sociedad; asegurar la transparencia en el financiamiento de la política; preservar la integridad de los procesos electorales y la autonomía de quienes los administran; fortalecer la capacidad del Estado en todo el territorio nacional; y resguardar la calidad de la deliberación pública frente a la desinformación y la manipulación digital.

En una palabra: asegurar que el progreso institucional se traduzca en bienestar tangible para cada ciudadano.

Ese es el espíritu de las reformas que impulsa este Gobierno bajo el liderazgo del Presidente Abinader y el sentido con el que recibimos hoy este informe: reforzar la representación democrática, proteger la integridad electoral, fortalecer las capacidades del Estado y preparar nuestras instituciones para los desafíos del siglo XXI.

Recibimos este informe, por tanto, no como un veredicto, sino como un espejo y una hoja de ruta. Un espejo que nos muestra logros que debemos preservar y desafíos que debemos afrontar. Y una hoja de ruta que nos invita a transformar las presiones del presente en oportunidades de renovación democrática.

Permítanme concluir volviendo al punto de partida.

La democracia liberal, predicada sobre el respeto y protección de los derechos humanos, sigue siendo, pese a todos sus tropiezos, la última de las utopías contemporáneas: el único régimen que, sin garantizarnos el futuro, nos permite construirlo entre todos.

No es perfecta. Nunca lo ha sido. Pero sigue siendo el único sistema capaz de corregirse a sí mismo sin recurrir a la imposición; capaz de transformar el conflicto en deliberación y la diversidad en convivencia.

Sostenerla exige leerla con rigor y responderle con hechos. Exige instituciones fuertes, ciudadanía activa y gobiernos capaces de generar resultados.

Ese es el sendero que República Dominicana ha decidido recorrer con convicción: el del desarrollo en democracia y el de la democracia al servicio del desarrollo humano.

 

Muchas gracias.