20 de mayo 2026

Señor Fernando Aramayo, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,
Señora Presidenta del Consejo Permanente, Alejandra Solano,
Secretario General, Albert Ramdin
Secretaria Adjunta General, Laura Gil
Distinguidos representantes permanentes:

República Dominicana sigue con profunda preocupación la evolución de la situación política, social y humanitaria que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia.

Deseo señalar que, en los últimos días, he mantenido comunicación directa con el canciller Fernando Aramayo, mediante la cual hemos dado seguimiento cercano a los acontecimientos en ese hermano país y reiterado nuestro interés en que prevalezcan la paz social, el orden constitucional y el diálogo democrático.

Permítanme expresar, en primer lugar, nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, particularmente con las familias que hoy padecen las consecuencias de los bloqueos, los disturbios y las tensiones que afectan algunas regiones del país, dificultando el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales.

Nuestra región conoce demasiado bien el costo humano de las crisis prolongadas. Cuando el conflicto político abandona los cauces institucionales y se traslada al bloqueo de carreteras, a la paralización de servicios esenciales y a la confrontación violenta en las calles, quienes primero sufren son siempre los sectores más vulnerables de la sociedad.

República Dominicana rechaza toda forma de violencia, así como cualquier acción orientada a alterar el orden constitucional o desconocer la voluntad soberana expresada democráticamente por el pueblo boliviano en las elecciones de 2025.

El presidente Rodrigo Paz y las autoridades constituidas de Bolivia emanan de un proceso electoral legítimo. En consecuencia, toda diferencia política o social debe canalizarse dentro del marco institucional y democrático, y nunca mediante la intimidación, la coerción o intentos de ruptura del orden constitucional.

La Carta Democrática Interamericana nos recuerda que la democracia no se preserva únicamente mediante elecciones, sino también protegiendo las condiciones que hacen posible la convivencia nacional, el pluralismo y el diálogo político.

Así lo manifestamos también durante la 54ª Asamblea General de esta organización, celebrada en Asunción en junio de 2024, cuando condenamos de manera inequívoca y contundente los intentos de ruptura institucional contra el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, también legítimamente electo por el pueblo boliviano en octubre de 2020.

En aquella ocasión, como hoy —y como lo haremos siempre ante cualquier amenaza al orden democrático en nuestra región— reafirmamos la necesidad de garantizar que toda diferencia política encuentre solución exclusivamente dentro del marco constitucional.

Por ello, entendemos que el momento que vive Bolivia exige simultáneamente firmeza democrática y prudencia política.

Firmeza para rechazar la violencia y toda tentativa de desestabilización institucional.

Y prudencia para comprender que muchos de los desafíos que enfrenta Bolivia poseen raíces estructurales profundas que no pueden resolverse mediante confrontaciones permanentes ni soluciones improvisadas.

La disminución de la producción gasífera, la escasez de divisas, las tensiones sociales, las dificultades de abastecimiento y el deterioro de la confianza económica constituyen problemas complejos que exigen responsabilidad histórica y visión de Estado.

Ni los bloqueos indefinidos ni la paralización del país producirán más gas, atraerán inversiones o generarán prosperidad para el pueblo boliviano.

Pero tampoco desafíos acumulados durante años podrán resolverse mediante respuestas coyunturales o medidas de corto plazo.
Bolivia necesita hoy, más que nunca, acuerdos nacionales amplios y sostenibles, construidos sobre una visión de mediano y largo plazo e inspirados en el interés superior de la nación boliviana.

Y esos acuerdos solo pueden surgir del diálogo auténtico, del reconocimiento mutuo y de la capacidad de escuchar incluso en medio de las diferencias más profundas.

Deseo igualmente reconocer y agradecer la solidaridad demostrada por Argentina y otros países de la región, cuyos esfuerzos para facilitar el suministro de alimentos, medicinas y bienes esenciales constituyen una valiosa expresión de cooperación hemisférica y compromiso con el bienestar del pueblo boliviano.

Señora Presidenta,

Conviene recordar que el actual gobierno boliviano cuenta con poco más de seis meses en el ejercicio de sus funciones. No resulta razonable exigir la solución inmediata de problemas estructurales acumulados durante largos años, ni desconocer la legitimidad democrática de un mandato conferido recientemente por la ciudadanía.

Valoramos, además, los esfuerzos realizados por las autoridades bolivianas para alcanzar entendimientos y acuerdos con distintos sectores sociales y productivos del país. Ello demuestra que el diálogo sí puede producir resultados cuando existe voluntad genuina de construir soluciones nacionales.

Precisamente por ello, preocupa que sectores minoritarios radicalizados persistan en recurrir al bloqueo sistemático y a la confrontación como mecanismos de presión política, afectando gravemente a la población y debilitando la estabilidad institucional del país.

La historia latinoamericana demuestra que las democracias rara vez colapsan de manera súbita. Con frecuencia son erosionadas lentamente por la normalización de la violencia política y por la peligrosa idea de que cualquier medio resulta legítimo para alcanzar el poder.

Por ello, defender la democracia boliviana no significa defender a un partido ni a una corriente ideológica. Significa defender un principio fundamental: que ningún proyecto político puede situarse por encima de la Constitución, de las instituciones y del derecho de los ciudadanos a vivir en paz.

El presidente Rodrigo Paz emana de un mandato legítimamente otorgado por el pueblo boliviano. Y en democracia, los gobiernos se respaldan o se reemplazan mediante elecciones, nunca mediante coerción violenta, bloqueos desestabilizadores o intentos de quebrar anticipadamente el orden constitucional.

Ello no excluye la crítica, la protesta ni el desacuerdo. Por el contrario: toda democracia saludable necesita oposición, debate y vigilancia ciudadana. Pero una cosa es disentir dentro de las reglas democráticas y otra muy distinta intentar sustituirlas mediante la violencia cuando los resultados electorales no satisfacen determinadas aspiraciones políticas.

República Dominicana reafirma hoy su respaldo al orden constitucional boliviano, a sus autoridades legítimamente electas y al derecho del pueblo boliviano a vivir en paz, en democracia y dentro de un marco de estabilidad institucional.

Esperamos sinceramente que Bolivia pueda encontrar, a través del diálogo, la serenidad, la responsabilidad democrática y la madurez política necesarias para encauzar constructivamente la situación actual.
Muchas gracias.