El Gobierno de República Dominicana sigue con preocupación el resurgimiento del antisemitismo en sus diversas manifestaciones, fenómeno que continúa representando una amenaza directa a la convivencia democrática, al respeto de los derechos humanos, y a la dignidad de las comunidades judías en el país y el mundo. En este contexto, República Dominicana subraya su compromiso permanente en la lucha contra toda forma de odio, discriminación e intolerancia religiosa, posición que se ha sostenido de manera consistente desde 1938, cuando el Estado dominicano fue el único que ofreció asilo en Sosúa a un número significativo de refugiados judíos que huían

Los Gobiernos de República Dominicana y de la República Bolivariana de Venezuela informan que, como resultado del diálogo sostenido entre ambas partes, han acordado iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo. La implementación de esta hoja de ruta comprenderá, en una primera etapa, la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios consulares y, posteriormente, el avance hacia la normalización de las relaciones diplomáticas, conforme al cronograma que ambas partes convengan. Esta decisión responde al interés compartido de fortalecer

El Gobierno de República Dominicana condena en los términos más enérgicos las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”. Una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, tal como establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

El Gobierno dominicano observa con profunda preocupación las recientes declaraciones y actuaciones que, sin fundamento debidamente acreditado, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre sobre el normal desarrollo de la transición institucional. En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos, expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes, constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Desconocer los resultados oficialmente proclamados por dichas autoridades constituye un grave desconocimiento de la voluntad popular y de los principios que sustentan el Estado de derecho.