El Gobierno de República Dominicana sigue con atención la evolución del entorno internacional, caracterizado por desafíos crecientes que inciden tanto en la estabilidad económica global como en el ejercicio efectivo de la soberanía de los Estados, en un contexto de creciente interdependencia.
En este contexto, y en su condición de Estado insular del Caribe, ubicado en una posición geoestratégica en las Américas, República Dominicana subraya que el derecho a la navegación constituye un principio esencial del orden internacional contemporáneo y un factor determinante para la estabilidad económica global y la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

El acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales. En consecuencia, República Dominicana subraya la importancia de que estos derechos sean plenamente respetados conforme al derecho internacional, en particular a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En ese sentido, se recuerda que dicha Convención consagra, principios fundamentales como la libertad de navegación, el paso inocente en el mar territorial y el paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional.

Estos derechos deben ejercerse de conformidad con el derecho internacional y con el debido respeto a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los Estados ribereños, evitando cualquier acción que pueda comprometer la estabilidad regional o el orden jurídico internacional.
En consecuencia, República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional e insta a todos los Estados a abstenerse de adoptar medidas que limiten o vulneren la libre navegación fuera de los marcos legalmente establecidos. Asimismo, exhorta al fortalecimiento de la cooperación internacional y al apego a normas claras, previsibles y equitativas que garanticen un entorno marítimo seguro y estable.

República Dominicana reafirma que la preservación de la libertad de navegación no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición indispensable para la prosperidad económica, la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos.